¿Comisión anti-CICIG o Comisión de la verdad?

Desprestigio o búsqueda de la verdad, son solo algunas de las opiniones divididas que existen sobre el actuar de la comisión que busca investigar todo el trabajo realizado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El Artículo 171, literal m), de la Constitución de la República, establece que “el Congreso de la República puede nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional”.

Al respecto, Ricardo Barreno, politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, afirma que la comisión conformada no tiene la facultad para realizar investigaciones de carácter judicial.

“El problema acá es que se está investigando un ente cuya acción se marca dentro de lo judicial, y el encargado de hacer las investigaciones en material judicial es el Ministerio Público”.

De acuerdo con esto, el Ministerio Público, Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo Marroquín interpusieron amparos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad (CC) para declarar a esta comisión como ilegal.

A ellos también se les sumo un grupo de 13 diputados que emitieron una carta abierta donde expresaban estar en contra de la comisión.

La diputada Sandra Morán, quien forma parte del grupo de oposición, menciona que el verdadero fin de la comisión creada es desprestigiar el buen trabajo que hizo la CICIG y todas las personas que participaron en ella, además de que estas acciones debilitan el proceso de justicia.

Suspensión

Diputados miembros de la comisión que investiga a la Cicig analizan la resolución de la CC. (Foto Plural: Prensa Libre),

Tras los amparos interpuestos por distintas entidades, la comisión integrada por Juan Ramón Lau, Luis Pedro Álvarez, Manuel Conde Orellana, Luis Hernández Azmitia y Aníbal Rojas Espino, suspendieron sus labores el 7 de octubre, luego de ser notificados de la resolución emitida por la CC.

La Corte de Constitucionalidad, informó que el amparo provisional fue otorgado al detectar incongruencias en el acuerdo de creación de la comisión, específicamente los artículos 1 y 2 con los argumentos que expuso el Congreso en los informes circunstanciados que presentó a la Corte.

Pese a la negativa, el presidente de la Comisión investigativa, Juan Ramon Lau, afirma que dicha comisión, no es un ente para hacer justicia o para la persecución penal, sino que fue creada para que el pueblo de Guatemala conozca la verdad.

“Esta es una comisión que busca que el pueblo de Guatemala conozca la verdad, no es una comisión anti-CICIG como lo han estado publicando, esta es la comisión de la verdad” manifestó el diputado.

La comisión que fue aprobada con el aval de 82 diputados, aún persistirá en presentar una iniciativa para crear otra comisión, esta vez sin inmiscuirse en el Ministerio Público y el Organismo Judicial.

Además, el presidente de dicha comisión, aseguró que seguirán escuchando a las personas que se acerquen al Congreso y se declaren víctimas de la CICIG.

Para el politólogo Barreno, estas acciones claramente desobedecen la resolución de la Corte Constitucionalidad y son un intento de seguir posicionando el tema de CICIG.

“Sus acciones no tienen ningún alcance o nivel de viabilidad jurídica porque de entrada quienes lo hacen no tienen la competencia jurídica, esto más bien me parece un intento para seguir discutiendo el tema de CICIG y de continuar con el show político”, concluye Barreno.

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