Esclavitud infantil: ilegal pero barato

Están en todas partes, en cada zona, municipio o departamento. Las tiendas de abarrotes son uno de los negocios más concurridos en Guatemala. Jorge uno de los más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes que se estima hay en el país, vive y trabaja en uno de estos comercios. Tiene un cuarto donde dormir que comparte con un encargado. Se despierta desde temprano para atender hasta altas horas de la noche.

“Para mí no existe tiempo de jugar”. Desde que empezó a trabajar en esta tienda de la ciudad capital, el único tiempo libre que dispone Jorge son los miércoles aproximadamente a las seis de la tarde. Tiene solo 15 años, pero aparenta más edad. Nació en San Pedro Carchá, Alta Verapáz, su familia se conforma por sus padres y dos hermanas. Cuando tenía doce años comenzó a trabajar en tiendas con su papá y solo cursó el último grado de primaria.

El caso de Jorge, como le llamaremos, es uno de los 152 millones de menores víctimas del trabajo infantil en el mundo, es decir, casi 1 de cada 10, en el mundo. De ellos, 73 millones realiza trabajos peligrosos, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El adolescente gana Q2 mil quetzales al mes, “si fue buena la venta me dan Q3 mil, pero eso casi nunca sucede”, responde el chico con voz tímida pero segura. El pago que Jorge recibe, es menor al salario mínimo que el Ministerio de Trabajo estima que son Q 2,992 mensuales y tampoco es suficiente para rentar un lugar, ni pagar por el costo de salud, alimentación, transporte o para salir de pobre.

A 222 kilómetros de la Ciudad Capital se localiza San Pedro Carchá, el recorrido en bus supera las 5 horas. Desde hace 4 años, Juan vive lejos de su mamá y hermanas, explica que por falta de trabajo tuvo que separarse de ellas.

El delito que no refleja avances

En el territorio nacional, más de 790 mil menores de edad, están ocupados en trabajo infantil. Según el Ministerio de Trabajo (Mintrab), entre 2015 y 2016 se reportaron 330 casos de explotación infantil. De adolescentes entre 14 y 17 años que trabaja solo se reportaron 293 casos. Y de estos, solamente 45 casos de trata y explotación laboral han sido denunciados ante un juez en el Ministerio Público (MP).

Datos más recientes indican que El Sistema Informático de Control del Ministerio Público (SICOMP) registró 276 denuncias por el delito de trata de personas durante 2018, en todo el país. El 28 por ciento del total representa a niñas, niños y adolescentes posibles víctimas de trata de personas. Y de estos, casos únicamente 11 recibieron sentencia, seis condenatorias y cinco absolutorias.

Otto Rivera Secretario Ejecutivo de La Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), dice que hasta el momento no se han hecho estudios ni informes sobre tiendas o tortillerías, lugares de informalidad laboral que presentan mayores casos de explotación y trata de menores.

Pobreza, sinónimo de explotación

Jorge trabaja los 365 días del año desde las siete de la mañana a las nueve de la noche. Aguanta los insultos verbales que su jefe le hace cuando se equivoca. Puede ir al baño una o dos veces al día, no puede salir de la tienda porque las rejas están siempre bajo llave.

La situación que Jorge vivía en San Pedro Carchá no era nada favorable; compartía un cuarto de aproximadamente nueve metros cuadrados con los otros cuatro miembros de su familia. Sus hermanas 10 y 8 años y su madre trabaja lavando ropa ajena.

Tras terminar la primaria, decidió abandonar su casa en busca de una mejor vida. Su padre también trabaja en la Ciudad de Guatemala, pero casi no lo ve. Asegura que vive y trabaja lejos de él aunque no especifica en donde.

Con un semblante triste, menciona que extraña a su madre y hermanas, pero su situación es “jodida”, por lo que prefiere vivir en la capital.

Así lo relata el niño: “No se supone que tenga estar feliz o sentirme bien, sino de tener dinero y que comer. El jefe me regaña, no se porta bien conmigo, pero si trabajas es normal que te traten así”.

“Es por la pobreza, no se trata de preferencias porque no hay opciones”, sentencia Gabriela Monroy de Casa Alianza una institución de larga tradición en el cuidado, la protección y la garantía de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

La ecuación es así de sencilla. En Guatemala, un 59.3 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, y el 23.4 por ciento en pobreza extrema.Gran parte de ese abultado porcentaje de miseria lo engrosan y sufren los niños, ocho de cada diez viven en situación de pobreza y el 45.2 por ciento de los niños y adolescentes indígenas se encuentran en pobreza extrema. El resultado: abundante mano de obra muy barata.

La esclavitud no se limita al encierro que sufren empleados por parte de sus jefes. Algunas de las injusticias reportadas presentan casos que incluyen violencia sexual, psicológica, golpes y control total sobre la vida de las víctimas. En ocasiones son chantajeados y les quitan sus papeles y documentos de identificación, reteniéndolos a la fuerza en los establecimientos.

La psicóloga Monroy explica, que trabajar en condiciones como las de Juan trae como consecuencia la pérdida de la capacidad de reconocerse como seres humanos y la impotencia para salir de una situación de violencia.

“Para las personas que tienen niveles de educación más altos, es fácil percatarse que hay explotación e injusticia, es por ello que la falta de conocimiento contribuye al abuso y vulneración de los derechos”, manifiesta la especialista.

Menores viven en condiciones inhumanas (Foto Plural: Prensa Libre).

Leyes que pasan desapercibidas

Si Jorge no vendía cierta cantidad al día su jefe se lo descontaba de su sueldo mensual, así lo explica el chico, quien ha trabajado en otros lugares y siente que la ley cambia de acuerdo al jefe que tenga.

“Una vez, estaba colocando unas cajas con frascos de café en la estantería, pero como estaba alta debía usar la escalera. De repente perdí el equilibrio y se me cayó una caja y se quebraron varios frascos de café, entonces vino mi jefe y del coraje pateo la escalera entonces me caí y me lastimé la espalda. La verdad no aguante mucho tiempo ahí solo trabaje 3 meses”, menciona con seriedad el adolescente.

Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indica que casos como los de Jorge reflejan la clara ausencia del estado a este sector de la población.

La historia indica que Guatemala ratificó hace más de 70 años las convenciones contra la esclavitud. Se cuenta con un Código de Trabajo que determina que una jornada diurna no puede ser mayor de ocho horas diarias, o 48 horas semanales. Y una jornada nocturna no puede exceder las seis horas diarias, ni las 36 horas a la semana. Desde hace nueve años, se aprobó el decreto 9-2009 que define la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ordena combatir todas las modalidades de trata, como la explotación laboral, la servidumbre y la esclavitud.

Pero todas estas acciones, no parecen respaldar a Jorge.

Instituciones que escatiman esfuerzos

En busca de una opinión sobre este flagelo, se intentó contactar con la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, para conocer el procedimiento que realiza tras una denuncia de trabajo o explotación laboral, pero no atendieron a la solicitud.

A través de una publicación realizada por el medio digital Nómada, se indica que el Ministerio de Trabajo, cuenta con el apoyo de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas (SVET) de la Vicepresidencia y con la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El inspector Ángel Ortíz, resumía el proceso de denuncia que expone a la víctima de la siguiente manera; se llena una boleta con una entrevista a la persona agraviada y una percepción del inspector que lleva el caso. Luego se formula una prevención al patrono para que la víctima deje de trabajar inmediatamente y se hace una prevención de pago de prestaciones laborales. Finalmente se inicia el proceso legal en contra de la persona empleadora.

El trabajador también mencionaba que el proceso garantizaba una“acción inmediata” contra el trabajo infantil y explotación, además reconocía que las personas explotadas no ofrecían declaración alguna a los inspectores cuando les hacen las entrevistas.

Por su parte La (SVET) indica que sólo acompaña los casos que presenta la Inspectoría.

Hasta el momento el proceso de denuncia consiste en que la víctima debe ir al barrio Gerona en la zona 1 para denunciar en el Ministerio Público que es esclavizado. Pero para que suceda esto Jorge debe salir de la tienda y saber que es ser víctima.

Casos como el de Jorge son el último eslabón de una cadena de producción y un sistema económico que, en busca del máximo beneficio, se aprovecha de los más débiles y necesitados, hasta que ya no hay nadie más debajo.

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