Expertos afirman, que combatir la inseguridad a través de patrullas vecinales armadas genera más violencia en el país

Inseguridad en las comunidades, falta de respuesta del estado, son solo algunos de los argumentos que analistas vinculan a la creación de grupos ciudadanos organizados y armados que buscan garantizar su seguridad, sin saber que solamente contribuyen a que el circulo de violencia continué.

Uno de los principales problemas que continúa afectando diariamente a los guatemaltecos, es la falta de seguridad. De acuerdo con las estadísticas divulgadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se registró 2,330 homicidios en el primer semestre de 2019, apenas un 1,7 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado.

Si bien, existen descensos en muertes violentas, los esfuerzos aún son mínimos, hasta el momento no se han alcanzado los niveles de seguridad que tanto espera la población, quienes cansados de esta situación han buscado mecanismos de protección y acción en contra de este flagelo.

Ejemplo de ello, sucede con el surgimiento de grupos de vecinos organizados que buscan defenderse de la delincuencia, pero que, según analistas, puede ocasionar más violencia y afectar a los propios residentes.

Vulnerabilidad de los derechos

Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), menciona que se están tomando decisiones equivocadas al crear comités o asociaciones de vecinos armados, primero porque están infringiendo la ley y segundo porque se están tomando acciones que corresponden a las autoridades correspondientes.

“El problema radica, en que se vulneran los derechos y garantías constitucionales que cada persona posee. Por ejemplo, personas inocentes son vulnerables a castigos severos, como sucede con los linchamientos, acciones que prácticamente son ilícitas”, afirma Acuña.

Estos grupos, coordinan patrullajes a distintas horas del día y en ciertos perímetros de colonias y barrios, con el objetivo de alertar a las fuerzas policiales sobre un hecho ilícito y así, contribuir a la seguridad de sus familiares y viviendas.

Sin embargo, aunque al principio prestan un servicio en forma de colaboración, al final desempeñan un rol de trabajo que termina obligando a los comunitarios a pagar de forma voluntaria, lo que posteriormente puede llegar a convertirse en una obligación.

Marco Antonio Canteo, experto en política criminal, señala que este tipo de organizaciones, al no tener un control efectivo del Ministerio de Gobernación, muchas veces caen en prácticas ilegales. “Al principio funcionan, pero después van incurriendo en cuestiones ilegales y en ocasiones hasta pueden ser catalogados como bandas de criminalidad organizada”, explica el analista.

Ausencia del estado

Por seguridad vecinos cierran las calles de sus colonias para evitar asaltos. (Foto Plural: Hemeroteca Prensa Libre).

Las circunstancias que originan estos grupos denominados de seguridad ciudadana, según Francisco Jiménez, ex ministro de Gobernación, se debe a dos razones; la primera se le atribuye a la pérdida de confianza en la institucionalidad policial, y la segunda sucede por la ausencia del estado.

“Estas falencias, hacen que surjan cada vez más asociaciones o grupos vecinales en el país, y no solo en los núcleos urbanos sino también en zonas rurales, sustituyendo la responsabilidad de la Policía Nacional Civil y del Estado”, mencionó el exfuncionario.

El analista de (Ipnusac), concuerda con Jiménez y menciona que, para poder brindar un nivel eficaz de seguridad a los ciudadanos, es necesario el trabajo coordinado de distintas instituciones.

“Debe ser un trabajo coordinado que no solo involucre a la PNC o Ministerio Público, sino a todo el sistema de justicia, desde la persecución penal, pasando por las medidas de prevención, hasta la administración de justicia”, indicó.

Acuña considera que el estado debe interactuar con estos grupos, primero utilizando el diálogo, para encontrar soluciones y posteriormente desarrollar un tema de seguridad comunitaria. Plan con el que ya cuenta la PNC, pero que según el analista muchas veces no es ejecutado.

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